Nuevo RD 146/2021 MI

A lo largo de los últimos años las funciones del Gabinete de Coordinación y Estudios no han dejado de crecer de manera exponencial sin dejar de constituir el principal órgano de apoyo a la persona titular de la Secretaria de Estado de Seguridad, desbordando ese marco, asumiendo gradualmente como propias un considerable número de competencias que, al mismo tiempo, han obligado a ampliar y redimensionar su estructura para adecuarla a dicha realidad.

La asunción de estas competencias ha sido consecuencia gradual de la evolución y configuración del modelo policial español. La existencia de dos cuerpos policiales de ámbito estatal, la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyo órgano superior común inmediato es la Secretaría de Estado de Seguridad, impone, por un lado, la necesidad de una estructura organizativa con entidad suficiente para garantizar la coordinación permanente de su actividad, tanto en relación con las competencias específicas de cada uno de ellos, como en aquellos casos de confluencia de ambos cuerpos en un mismo ámbito; y por otro lado, exige la existencia de un órgano único que haga posible el ejercicio de un creciente número de competencias de seguridad pública de carácter transversal, como pueden ser la gestión del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género o del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

Asimismo, dentro del actual modelo policial, y sin perjuicio de la existencia de cuerpos de policía en las CCAAs, la seguridad pública constituye por mandato constitucional una competencia exclusiva del Estado, lo que multiplica las obligaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de coordinación.

El notable incremento en las funciones del Gabinete de Coordinación y Estudios no ha tenido reflejo en la determinación de su nivel orgánico, que, desde su origen, ha sido de subdirección general. Sin duda este nivel administrativo se correspondía con las funciones inicialmente asumidas y con las que la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, asigna a los subdirectores generales.

La relevancia que ha adquirido el Gabinete de Coordinación y Estudios en razón de las responsabilidades que ha asumido en el ámbito de la dirección de la política de seguridad y la visibilidad que su ejercicio le confieren, determinan que su titular deba mantener relaciones fluidas y frecuentes tanto con las personas titulares de las DGP y DGGC, que tienen rango de subsecretario, como con las personas titulares de las Consejerías de Interior o de Seguridad de las comunidades autónomas con policía propia y de los órganos directivos de los que dependen estos cuerpos. En tales situaciones, esta diferencia de rango administrativo, tratándose de un órgano a través del cual se ejerce buena parte de las competencias del Estado en materia de coordinación de la seguridad pública, genera una evidente dificultad añadida para el ejercicio de sus funciones.

Este cambio se considera necesario, en definitiva, para adecuar el nivel del referido órgano directivo con la trascendencia de las responsabilidades que le son inherentes, e imprescindible para garantizar la adecuada gestión, impulso y coordinación de las competencias estatales en materia de seguridad pública que se ejercen a través del mismo.

Como consecuencia de ello, pasa a depender de la nueva Dirección General de Coordinación y Estudios la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que, con nivel orgánico de subdirección general, hasta ahora dependía de la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Resulta necesario exceptuar de la condición de funcionario a la persona titular de esta nueva dirección general, de conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Es preciso contemplar la posibilidad de que la persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios pueda no ostentar la condición de funcionario público, atendiendo a las especiales características de este órgano. Como se ha expuesto, un elevado número de funciones asumidas actualmente por el Gabinete de Coordinación y Estudios entrañan por su propia naturaleza un evidente cariz político, más allá del carácter exclusivamente técnico-profesional que inicialmente se le confirió, y demandan de la persona titular del órgano unas cualidades específicas que, en ocasiones, pueden no encontrar adecuada respuesta en la capacitación eminentemente técnica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por otra parte, en la Secretaría de Estado de Seguridad se contempla expresamente la figura del Relator Nacional contra la Trata de Seres Humanos, conforme a lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, función que ya venía ejerciendo este órgano superior.

Asimismo, se lleva a cabo una clarificación puntual en las funciones de la Jefatura de Información dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil, recogiendo de manera expresa la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional que como recordareis se quedó escasa en el RD anterior por lo que la GC realiza un recordatorio al Ministerio…

Por lo tanto los cambios más importantes son los siguientes:

1.-La Secretaría de Estado de Seguridad, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1. o La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.

2. o La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.

3. o La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 4. o La Dirección General de Coordinación y Estudios

2.-Como órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, que asumirá las funciones de Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos conforme a la normativa internacional y europea vigente. Asimismo coordinará, siguiendo las instrucciones de la persona titular de la Secretaría de Estado, las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, que como os explique en su día ya estaba haciendo.

3.- En el tema del CITCO solo se modifica el apartado 4 de sus funciones por el cambio de nombre: Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Coordinación y Estudios, las informaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la estadística oficial sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación de seres humanos e introduce como punto focal al relator de trata:

Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa como Unidad de Información sobre Pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea, y la Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo, desarrollará las funciones encomendadas al Subregistro Principal OTAN-UE para los órganos centrales del Ministerio del Interior y las de punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos para su apoyo y asistencia técnica

4.- Reclamación de la GC por su omisión en el RD anterior: funciones propias de la Guardia Civil y la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional.

5.-El nuevo artículo 5 bis solo tiene nuevo de contenido en cuanto a la DG de Coordinación y Estudios el nombre, las funciones son idénticas al RD anterior y además que la IPSS pasa a depender de la propia DG de Coordinación y Estudios:

De la Dirección General de Coordinación y Estudios depende la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, con nivel orgánico de subdirección general, encargada de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos en el cumplimiento de sus competencias.

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